Los grupos armados ilegales están ejerciendo una fuerte gobernanza sobre la población civil en el centro del departamento del Atlántico.

Así quedó evidenciado en la Alerta Temprana (AT) 019 de 2026 que emitió este domingo la Defensoría del Pueblo, para los municipios de Luruaco, Repelón, Sabanalarga, Baranoa y Polonuevo.

Esto se manifiesta mediante la imposición de "fronteras invisibles", restricciones a la movilidad y la distribución de panfletos amenazantes que anuncian procesos de "exterminio social" contra personas estigmatizadas y migrantes.

También la disputa y regulación de rentas provenientes de la extorsión sistemática, el microtráfico y el abigeato estructurado.

Además reporta la Defensoría el aprovechamiento de rutas fluviales y terrestres para el transporte de armas, estupefacientes e insumos químicos.

Y es que en estas poblaciones, de acuerdo con la entidad, se ha registrado un aumento sustancial de homicidios selectivos, atentados, amenazas mediante panfletos y desplazamientos forzados "silenciosos".  

El escenario de riesgo se debe principalmente a la disputa y coexistencia violenta entre el autodenominado EGC (Ejército Gaitanista de Colombia o 'Clan del Golfo'), grupos de crimen organizado regional como ‘Los Costeños’ (Bloque Resistencia Caribe) y ‘Los Pepes’, así como a la incidencia de ‘Los Rastrojos Costeños’ y bandas delincuenciales tercerizadas.

Las cifras

La Defensoría alerta sobre la materialización de graves consecuencias humanitarias en el territorio, pues la tasa de homicidios aumentó de forma significativa en Sabanalarga, pues, por cada 100.000 habitantes, pasó de 9,23 asesinatos en 2023 a 31,55 en 2025; es decir, casi se cuadruplicaron.

Para el caso de Baranoa, cuya tasa de 2,16 en 2023 pasó a 24,88 en 2025, representa un incremento de más de 11 veces, en donde resulta relevante la ocurrencia de hechos violentos en zonas rurales, como en la trocha La Tomatera (vía Baranoa–Polonuevo), y en la vía hacia el corregimiento Sibarco.

Los homicidios contra mujeres en toda la subregión Centro del departamento se quintuplicaron entre 2023 y 2024, al pasar de 1 a 6 casos. Esto revela un patrón de riesgo específico y diferenciado.

Asimismo, la ruptura de una tregua entre ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ a comienzos de este año reactivó las confrontaciones directas y retaliaciones armadas en sectores urbanos y rurales.  

Población en especial condición de riesgo

La violencia genera impactos diferenciados en las áreas urbanas y rurales de la subregión. Los grupos identificados incluyen:

• Pueblos étnicos: Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (Luruaco y Repelón), pueblos indígenas Mokaná y Kamash–Hu (Baranoa y Polonuevo) y pueblo Rrom (Sabanalarga).

• Liderazgos sociales: Defensoras y defensores de DD.HH., lideresas y líderes comunales, reclamantes de tierras y miembros de la Ruta del Cimarronaje.

• Infancia y juventud: Niñas, niños, adolescentes y jóvenes expuestos al reclutamiento, uso e instrumentalización criminal.

• Mujeres y población con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas (OSIGNH): Víctimas de violencias basadas en género y prejuicio como mecanismo de control social.  

• Población migrante: Especialmente aquellas personas en condición de irregularidad, vulnerables a la coacción y trata.

• Sectores económicos: Comerciantes, ganaderos, mototaxistas y transportadores intermunicipales.  

Urgen medidas institucionales

Ante este panorama de riesgo, la Defensoría del Pueblo formuló 31 recomendaciones en su AT 019 de 2026 a autoridades nacionales y territoriales, como los ministerios del Interior y de Defensa, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad para las Víctimas, además de otras, para que la vida e integridad de las y los habitantes de los cinco municipios atlanticenses sean salvaguardadas.

La entidad las insta a activar con urgencia la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), a fin de que pongan en marcha medidas de protección efectiva, disuasión de la amenaza y acceso a la justicia con enfoques diferenciales de género, étnico y territorial.

Las Alertas Tempranas de la Defensoría son preventivas, no predictivas, y su propósito es proteger la vida, libertad e integridad de las comunidades.